Jueces, fiscales y empresarios ya son conscientes de que la construcción descontrolada matará la gallina de los huevos de oro. Los expertos alertan sobre la
"corrupción insostenible" del sector. España ha ido escalando puestos en el
ranking internacional de corrupción política a medida que la justicia ha hecho aflorar los
atropellos urbanísticos perpetrados a lo largo de las últimas décadas en un clima de impunidad que ahora toca a su fin. Ya hay un centenar y medio de alcaldes procesados por delitos urbanísticos, pero por abultada que parezca esa cifra apenas representa la punta del iceberg de un fenómeno, el de la
corrupción municipal, y de una industria, la de la
especulación inmobiliaria y el
urbanismo salvaje, engrasada con la pasividad o complicidad de las administraciones locales y autonómicas y de los partidos que las dirigen. Todavía hoy, los fiscales siguen quejándose amargamente del silencio y de la escasa colaboración que les prestan las autoridades en la mayoría de las comunidades autónomas. En Canarias, por ejemplo, donde no faltan las construcciones ilegales a la vista, la administración autonómica presentó durante el pasado ejercicio una única denuncia por este delito, según la Fiscalía de Tenerife.
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